Derechos y pecado

Rafael Fernando Navarro

Cuando el gobierno de un país constitucionalmente aconfesional legisla, lo hace en virtud del poder que le otorga el voto de las urnas. El poder le viene del pueblo y el gobierno lo ejerce de acuerdo a esa constitución, mirando al desarrollo integral de la ciudadanía a quien sirve. No vale por tanto refugiarse en un complejo de persecución por la simple percepción de que la ley emanada de ese gobierno no concuerda con los postulados de una confesión religiosa. Este complejo de persecución afecta en el caso de España a la religión católica y nace de dos apriorismos ajenos al quehacer político del país. Se parte, en primer lugar, de la posesión absoluta y exclusiva de la verdad. Este monopolio trunca la búsqueda como tarea humana inalienable, y es consecuencia, en segundo término, de una inercia histórica que tiene su origen en el concubinato Iglesia-Estado mantenido durante cuarenta años. Muerto el dictador, la Iglesia no se acostumbra a su luctuosa viudedad y permanece plañidera junto a la tumba del Valle de los Caídos añorante no sólo de su figura salvadora de la patria, sino de los beneficios que su presencia le reportaba.

Leer más…