A todos nos preocupa, y con razón, la alarmante degradación de tantos niños y niñas, de los que, con frecuencia, nos enteramos que cometen actos de violencia que hace poco tiempo no podíamos ni imaginar. Como es lógico, han saltado las alarmas y hay quienes piden a gritos que los poderes públicos corten, cuanto antes, con semejante degradación. Los hechos recientes son conocidos de todos. Es necesario saber que, por ejemplo, sólo en 2007, se produjeron en España más de 1.500 abusos sexuales, protagonizados por menores. Y ampliando el tenebroso horizonte de la descomposición social, que esto representa, nadie puede saber ya la cantidad de padres y madres de familia, profesores, vigilantes del orden público, etc, que viven asustados, sin saber qué hacer ante el giro que están tomando los acontecimientos en este (des)orden de cosas. En Granada, el juez Emilio Calatayud ha informado en público, repetidas veces, de la cantidad de padres que se ven obligados a denunciar en el juzgado de guardia a sus hijos menores porque les tienen miedo, a veces, mucho miedo. Por eso resulta comprensible que haya quienes piden al Gobierno y a las Cortes que se replantee, lo antes posible, la ley del menor. Y es que, efectivamente, la ley del menor está bajo sospecha. Porque se ve, a todas luces, que es una ley que no ataja los males de los que, con toda razón, nos quejamos.
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