Eduardo González,
Programa de Verdad y Memoria del Centro Internacional por la Justicia Transicional
La reacción ante la injusta suspensión contra Baltasar Garzón ha revelado, paradójicamente, hasta qué punto el trauma de la dictadura franquista y la mordaza de la Transición han sido superados.
En efecto, la mitología de la Transición -con T mayúscula, fundada en el olvido y el perdón mutuo- había sido ya falseada en los hechos en todas las repúblicas latinoamericanas donde las élites políticas habían pretendido utilizarla como modelo. En aquella parte del mundo que más comparte las tradiciones jurídicas y la cultura política de España, los poderes judiciales se han encargado de hundir el edificio político de los pactos de olvido.
Las cortes supremas de Argentina y Uruguay han ilegalizado las autoamnistías; sus pares de Chile y Perú han ignorado las inmunidades de jefes de Estado criminales; la corte constitucional colombiana ha declarado que ni siquiera una negociación de paz justifica la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró hace más de 20 años que los estados deben investigar y castigar las desapariciones forzadas. Y luego declaró nulas las amnistías que impiden juzgar violaciones de derechos humanos.
Texto completo…
Programa de Verdad y Memoria del Centro Internacional por la Justicia Transicional
La reacción ante la injusta suspensión contra Baltasar Garzón ha revelado, paradójicamente, hasta qué punto el trauma de la dictadura franquista y la mordaza de la Transición han sido superados.
En efecto, la mitología de la Transición -con T mayúscula, fundada en el olvido y el perdón mutuo- había sido ya falseada en los hechos en todas las repúblicas latinoamericanas donde las élites políticas habían pretendido utilizarla como modelo. En aquella parte del mundo que más comparte las tradiciones jurídicas y la cultura política de España, los poderes judiciales se han encargado de hundir el edificio político de los pactos de olvido.
Las cortes supremas de Argentina y Uruguay han ilegalizado las autoamnistías; sus pares de Chile y Perú han ignorado las inmunidades de jefes de Estado criminales; la corte constitucional colombiana ha declarado que ni siquiera una negociación de paz justifica la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró hace más de 20 años que los estados deben investigar y castigar las desapariciones forzadas. Y luego declaró nulas las amnistías que impiden juzgar violaciones de derechos humanos.
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