Tras más de treinta años de la transición del nacionalcatolicismo impuesto por el régimen franquista hacia un estado que se autoproclama aconfesional, la iglesia católica sigue gozando de un trato privilegiado y dando muestras de una desorbitada influencia en la conformación de las políticas públicas.
El estado continúa hoy financiando la confesión católica con unos 6.000 millones de euros anuales, de los cuales la mitad se destina a mantener colegios religiosos concertados. También se paga con dinero público el sueldo de los obispos y sacerdotes, los profesores de catolicismo de la escuela pública y gran parte de la restauración y sostenimiento del enorme patrimonio de la iglesia católica, el segundo más grande del estado y benefactor de no pocos privilegios fiscales. La iglesia católica sigue así -contra la opinión manifestada por algunos sectores de base de sus fieles- incumpliendo impunemente y de manera reiterada su compromiso de conseguir los recursos propios suficientes para atender sus necesidades.
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