Los euroburócratas, quienes mangonean la enorme estructura que dirigen y controlan veintisiete países de Europa desde Bruselas, pretenden que los beneficios de la economía criminal organizada se incluyan en la contabilidad de la Unión Europea (UE). De no hacerse - dicen - se distorsionan indicadores económicos como el producto interior bruto o la tasa de paro. Pero nadie propone cómo, a partir del conocimiento de esos datos criminales, se pueden redoblar esfuerzos para localizar, procesar, juzgar y condenar a los responsables del crimen organizado.
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